El temor y el desconocimiento —si es que no son la misma cosa— incitan a cometer errores que pueden afectar en gran medida la realización de programas públicos y por supuesto la falta de atención a los ciudadanos que deberían ser beneficiados por estos.

En mi opinión, el mayor problema de nuestro país es que los recursos públicos no son ejercidos de acuerdo con los planes y programas establecidos por las dependencias. Y esto ocurre en gran medida porque a un número importante de servidores les tiembla la mano al pensar en una posible sanción de los Órganos Internos de Control y la Auditoría Superior; por lo que se inventan criterios desproporcionados y exigen el cumplimiento de requisitos a todas luces fuera de lugar, incluso muy por encima de lo que las leyes y reglamentos exigen. E insisto, todo esto derivado del desconocimiento del marco jurídico.

Un ejemplo de ello es lo relacionado con los recursos federales que a través de diversas dependencias deberían llegar a los estados, aportaciones establecidas en convenios marco de colaboración para poner en marcha programas sustantivos que son del interés nacional. Destaca en este rubro lo relacionado a programas culturales y artísticos.

Resulta que a partir de la publicación de la Primera Resolución de Miscelánea Fiscal para el ejercicio 2014, que señala en su artículo Sexto: “Para los efectos del artículo 29, primer y último párrafo del CFF, las dependencias y entidades públicas federales, estatales y municipales podrán optar por diferir la expedición de los CFDI que deben emitir por el pago de contribuciones federales, estatales o municipales, incluyendo productos y aprovechamientos, que perciban durante el periodo comprendido del 1 de enero de 2014 al 30 de junio del mismo año, siempre que al 1 de julio de 2014 hayan migrado totalmente al esquema de CFDI, y emitido a los contribuyentes que así lo hayan solicitado todos los CFDI correspondientes a los ingresos percibidos durante el periodo señalado.

Cuando las dependencias y entidades públicas federales, estatales y municipales incumplan con el requisito de migración al esquema de CFDI, perderán el derecho de aplicar la presente facilidad, quedando obligados a aplicar las disposiciones en materia de expedición de comprobantes fiscales a partir del 1 de enero de 2014”.

Algún funcionario, mal asesorado, interpretó que esta resolución obligaba a los estados y municipios a expedir comprobantes fiscales de todos los recursos que reciban, sin importar la naturaleza de dichos recursos. Nada más alejado de la realidad:

1.    Analicemos los párrafos primero y último del artículo 29 del Código Fiscal de la Federación, al que se refiere la resolución antes descrita:

“Artículo 29. Cuando las leyes fiscales establezcan la obligación de expedir comprobantes fiscales por los actos o actividades que realicen, por los ingresos que se perciban o por las retenciones de contribuciones que efectúen, los contribuyentes deberán emitirlos mediante documentos digitales a través de la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria. Las personas que adquieran bienes, disfruten de su uso o goce temporal, reciban servicios o aquéllas a las que les hubieren retenido contribuciones deberán solicitar el comprobante fiscal digital por Internet respectivo”.

“El Servicio de Administración Tributaria, mediante reglas de carácter general, podrá establecer facilidades administrativas para que los contribuyentes emitan sus comprobantes fiscales digitales por medios propios, a través de proveedores de servicios o con los medios electrónicos que en dichas reglas determine. De igual forma, a través de las citadas reglas podrá establecer las características de los comprobantes que servirán para amparar el transporte de mercancías”.

Como se puede apreciar con meridiana claridad, el último párrafo sólo establece posibles facilidades administrativas para la expedición de comprobantes fiscales. Por lo tanto, debemos ocuparnos del primer párrafo de este artículo, el cual señala que Cuando las leyes fiscales establezcan la obligación de expedir comprobantes fiscales, es decir, sólo cuando las leyes así lo determinen, deberán emitirse mediante documentos digitales a través de la página del SAT. Resulta indispensable entender que cuando la obligación está sujeta a una condición, esto es a un acontecimiento futuro de realización incierta, aquella se vuelve exigible siempre y cuando dicho acontecimiento se haga realidad; en este caso la condición para expedir un comprobante fiscal digital es que las leyes fiscales así lo determinen.

Ante esta situación nos vemos obligados a analizar aquellos casos en que las leyes fiscales exigen que los estados y los municipios expidan un comprobante fiscal.

2.    De tal forma que debemos remitirnos al TÍTULO III. DEL RÉGIMEN DE LAS PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS, específicamente al artículo 79 de la LISR:

Artículo 79. No son contribuyentes del impuesto sobre la renta, las siguientes personas morales:

I a XXII…

XXIII.- La Federación, las entidades federativas, los municipios y las instituciones que por Ley estén

obligadas a entregar al Gobierno Federal el importe íntegro de su remanente de operación.

La fracción XXIII señala que los estados (entidades federativas), los municipios y otras instituciones no son sujetos del ISR. Sin embargo, el artículo 86 del mismo ordenamiento legal señala las obligaciones de las personas morales sin fines de lucro y en su fracción II establece los casos en que deberán expedir comprobantes fiscales digitales:

II. Expedir y recabar los comprobantes fiscales que acrediten las enajenaciones y erogaciones que efectúen, los servicios que presten o el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes.

En otras palabras, la Federación, estados y municipios, sólo están obligados a expedir comprobantes fiscales cuando reciban recursos para acreditar las enajenaciones; los servicios que presten, o el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes.

Asimismo se debe observar que el quinto párrafo del artículo en comento establece que:

“La Federación, las entidades federativas, los municipios y las instituciones que por Ley estén obligadas a entregar al Gobierno Federal el importe íntegro de su remanente de operación, sólo tendrán las obligaciones de retener y enterar el impuesto y exigir comprobantes fiscales cuando hagan pagos a terceros y estén obligados a ellos en términos de ley”.

Sólo tienen obligación de retener y enterar el impuesto y exigir comprobantes fiscales cuando hagan pagos a terceros y que estos terceros estén obligados a expedirlos en atención a la ley.

En conclusión, la interpretación de las leyes debe realizarse haciendo una lectura armónica de todos los supuestos jurídicos que tienen relación con éstas, de tal suerte que la resolución que dio origen a esta confusión se debe entender que cuando la federación, los estados y municipios reciban recursos derivados de enajenación de bienes, prestación de servicios o por el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes, tienen la obligación de expedir comprobantes fiscales digitales por internet.

Una vez concluido lo anterior, es menester analizar si los recursos que la federación a través de diversas dependencias entrega a los estados para cumplir con los programas descritos en diversos convenios marco de colaboración son sujetos de expedir comprobantes fiscales digitales. Y la respuesta es por supuesto que no. Toda vez que los recursos de los que hablamos no se entregan a los estados derivados de la enajenación de bienes, o de la prestación de un servicio, ni por el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes. Por lo tanto, no existe fundamento legal para exigir comprobantes fiscales de este tipo para cumplir con los compromisos establecidos por la federación en los instrumentos jurídicos que dan origen a la entrega de recursos para la operación de programas convenidos entre ambos niveles de gobierno. Vayamos a casos particulares, supongamos que el DIF Nacional encargara al Gobierno del Estado de Jalisco para que a través del equipo de investigadores de la Secretaría de Cultura del estado realizara el estudio de impacto de un programa de atención a la niñez; en este caso, al tratarse de que Gobierno del Estado de Jalisco prestaría un servicio al DIF Nacional, por supuesto que está obligado, de acuerdo a lo estudiado en párrafos en supra, a expedir el comprobante fiscal digital por internet. Segundo ejemplo: Si el Instituto Nacional de Bellas Artes comprara un bien cultural propiedad del Gobierno del Estado de Oaxaca, para cumplir con algún fin de esta institución, por supuesto que al tratarse de una enajenación el Gobierno del Estado tiene la obligación de expedir el CFDI.

Visto lo anterior, de acuerdo con mi leal saber y entender, no existe fundamento legal para imponer por el criterio de un funcionario una nueva obligación para las entidades federativas, toda vez que la modificación de las leyes está fuera de la competencia de cualquier servidor de la Administración Pública Federal, pues como es de explorado derecho, esta facultad corresponde al poder legislativo.

El retorno de la palabra

Estimados amigos y visitantes de este espacio, con mucha alegría anuncio mi regreso a la escritura. Hoy más que nunca estoy convencido de que la búsqueda de justicia y libertad no puede tener descanso. Por ello, aunque las cargas de trabajo son más fuertes que nunca, haré un esfuerzo mayor por mantener actualizado esta página que es fuente de información y, algunas veces, la ruta de salida para los acontecimientos relacionados con el orden jurídico y la vida diaria de muchas personas.

Atentamente,

HJ

Los números de 2010

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Lugares de interés en 2010

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PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE EL DIVORCIO EXPRESS, DIVORCIO INCAUSADO O DIVORCIO UNILATERAL EN EL D.F. abril, 2009
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2

DIVORCIO EXPRESS IV / DIVORCIO UNILATERAL O DIVORCIO INCAUSADO octubre, 2008
42 comentários

3

DIVORCIO INCAUSADO O EXPRESS NO ES CONTRARIO A LA CONSTITUCIÓN septiembre, 2009
2 comentários

4

Divorcio Expres II julio, 2007
33 comentários

5

DIVORCIO EXPRESS III . DIVORCIO UNILATERAL agosto, 2008
2 comentários

EN OUTSOURCING, PATRÓN E INTERMEDIARIO SON RESPONSABLES SOLIDARIOS EN CUMPLIMIENTO DE DEBERES DE SEGURIDAD SOCIAL

México D. F., 27 de Octubre de 2010
  • Así lo determinó la Segunda Sala al negar el amparo a una empresa de telecomunicaciones.
La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró la constitucionalidad del artículo 15-A de la Ley del Seguro Social, reformado el 9 de julio de 2009, en el que se establece que en la contratación de trabajadores para un patrón, en la que participa un intermediario laboral (outsourcing), ambos son responsables solidarios en el cumplimiento de las obligaciones de seguridad social. 

De esta forma, negó un amparo a una empresa del ramo de las telecomunicaciones, que adujo que dicha norma viola los principios de igualdad, libertad de comercio, concurrencia y competencia consagrados en la Carta Magna.

Precisó que dicho precepto contiene un marco normativo acotado al universo de personas que necesitan contratar servicios para desarrollar sus actividades comerciales, e introduce una distinción con base en la cual otorga un trato jurídico diferenciado exclusivamente para los dos grupos que conforman dicho universo, es decir, a los que necesitan contratar servicios para desarrollar sus actividades comerciales y los que no.

En este sentido, explicó la Sala, la norma impugnada no establece una distinción injustificada entre todos los grupos que constituyen el universo más amplio y heterogéneo de los comerciantes o prestadores de servicios, al señalar distintas consecuencias jurídicas para quienes requieren de la contratación de servicios que cumplan con las obligaciones establecidas en la norma citada y los que no lo necesitan. En ese tenor, el artículo 15-A de la Ley del Seguro Social no viola el principio de igualdad, al no existir en él un trato desigual injustificado entre unos y otros.

De igual forma, estableció que el precepto combatido tampoco vulnera las garantías de igualdad y libertad de comercio previstas en los artículos 1 y 5 constitucionales. Esto porque existen razones objetivas que justifican el tratamiento distinto a personas que no se encuentran en situaciones de igualdad, aun cuando desempeñen las mismas actividades, pues quienes no requieren de la contratación de prestación de servicios con un intermediario, cumplen en forma directa con sus obligaciones patronales.

Finalmente, subrayó la Segunda Sala, dicho artículo tampoco transgrede la garantía de libertad de concurrencia y competencia establecida en el artículo 28 de la Carta Fundamental, porque que no establece una restricción que impida a las personas que ejercen actividades comerciales dedicarse a ellas pues se trata de una norma que regula las condiciones que deberán reunir quienes pretendan realizar este tipo de actividades, a través de contratos de prestación de servicios, ya sea como intermediarios o como patrones.

Al fin la SCJN ha dejado en claro lo que había que pelear en juzgados, es decir, ha establecido un criterio que facilitará la defensa de  los derechos de los trabajadores.

Nueva tarjeta de circulación DF

Estimados lectores, como regalo de 10 de mayo, el Gobierno del Distrito Federal ha tenido a bien obsequiar un nuevo trámite y por supuesto un nuevo pago qué hacer a los que aún nos animamos a vivir en esta ciudad.

¿Existe alguna forma para evitar este trámite? Sí, un amparo. Pero el costo es muy superior.

Dicen las autoridades que no tiene un fin recaudatorio. ¿usted les cree?   Yo tampoco.

ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECE EL PROGRAMA DE RENOVACIÓN DE LA TARJETA DE CIRCULACIÓN CON CHIP PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES DE USO PARTICULAR

PRIMERO.- El presente acuerdo tiene como objeto llevar a cabo el “Programa de Renovación de la Tarjeta de Circulación
con Chip para vehículos automotores de uso particular”, con la finalidad de dar certeza, seguridad jurídica y mantener
actualizado el padrón vehicular del Distrito Federal. Así como renovar las anteriores tarjetas de circulación por el nuevo
formato, aprobado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que incorpora avances tecnológicos y que dan mayor
seguridad.
SEGUNDO.- El programa de “Renovación de las tarjetas de circulación con chip para vehículos automotores de uso
particular” en el Distrito Federal operará en los términos y condiciones señaladas en los lineamientos del presente Acuerdo.
TERCERO.- El programa de renovación entrará en vigor a partir de que surta efectos la publicación en la Gaceta Oficial
del Distrito Federal en el 2010 y hasta el 30 de junio de 2011, de conformidad con las siguientes fases, que son:
1er. Fase: Para obtener la Línea de Captura correspondiente, deberá ingresar a través de la página Web de la
Secretaría de Finanzas, http://www.finanzas.df.gob.mx ó Locatel, proceder al pago por concepto de los Derechos de
Control Vehicular en los términos del artículo 219, fracción IV, concepto 36-3 del Código Fiscal del Distrito
Federal vigente, en las instituciones bancarias, tiendas departamentales y de autoservicio autorizadas por la
Tesorería del Distrito Federal; “es importante señalar que antes de adherirse al presente programa es
necesario cubrir con todas y cada una de las obligaciones por concepto de derechos vehiculares de
acuerdo a lo que establece el Código Fiscal del Distrito Federal”
2º. Fase: A partir de que surta efectos la publicación del presente acuerdo en la Gaceta Oficial del Distrito
Federal de 2010 y hasta el 30 de junio de 2011, se deberán registrar los propietarios de los automóviles para
el programa de renovación de la tarjeta de circulación con chip, a través de la página Web de la Secretaría de
Transportes y Vialidad, http://www.renovación.df.gob.mx y/o a través del link en la pagina de la Secretaría de
Transportes y Vialidad http://www.setravi.df.gob.mx.
3er. Fase: Acudir de conformidad a la cita programada al Módulo de su preferencia, según corresponda.
CUARTO.- En relación a la 2º fase del punto Tercero, una vez realizado su pago al ingresar a la página Web de la
Secretaría de Transportes y Vialidad, a partir de que surta efectos la publicación de la presente en la Gaceta Oficial del
Distrito Federal de 2010 y hasta el 30 de junio de 2011, el propietario del vehículo podrá inscribirse al programa de
renovación de las tarjetas de circulación con chip para vehículos automotores de uso particular, ingresando los datos
correspondientes del propietario y su vehículo.
En dicha página el propietario ingresara los datos personales y los de su vehículo los cuales serán validados de manera
electrónica con los que existen en el padrón del Registro Público del Transporte.
QUINTO.- Al acudir a los Módulos del programa de renovación de las tarjetas de circulación con chip de los vehículos
automotores de uso particular, deberá presentarse la siguiente documentación en original y copia legible:
a) Factura ó Carta Factura vigente (En su caso acta judicial o notarial).
b) Identificación Oficial del Propietario. (Credencial de Elector, Pasaporte, Cédula Profesional o Cartilla
Militar, licencia de conducir tipo “A” del Distrito Federal)
c) Comprobante de domicilio no mayor a tres meses de antigüedad, al momento de hacer la cita. (Predial,
Agua, Teléfono, Cuentas bancarias)
d) Comprobante de pago de derechos de renovación de las tarjetas de circulación de los vehículos
automotores de uso particular.
e) Tratándose de personas morales (empresas, gobierno, organismos no gubernamentales, etc.) deberán
presentar adicionalmente: Original del Acta Constitutiva, RFC y Poder Notarial o Carta Poder simple del
Apoderado Legal, otorgada para realizar el trámite.

Las personas morales se ajustaran al procedimiento señalado en la página Web http://www.renovación.df.gob.mx y/o
en link de la web de la Secretaria de Transportes y Vialidad.
SEXTO.- Al presentarse a los Módulos del Programa de Renovación de las Tarjetas de Circulación con Chip para vehículos
automotores de uso particular, previa entrega de la hoja de cita así como la verificación de la documentación solicitada, se
procederá a la confirmación o actualización de los datos en el Sistema de Control Vehicular. Una vez concluido lo anterior,
el ciudadano firmará de conformidad los datos asentados para la impresión y entrega al ciudadano solicitante de la nueva
tarjeta de circulación con chip, con lo que concluirá el trámite.
SÉPTIMO.- La Secretaría de Transportes y Vialidad establecerá y difundirá en su página Web http://www.renovación.df.gob.mx
y/o en link de la web de la Secretaria de Transportes y Vialidad, y los medios que juzgue convenientes, la ubicación y
horarios de atención al público de los Módulos del programa de renovación de las tarjetas de circulación con chip de los
vehículos automotores de uso particular.
Este trámite integral permitirá que por el mismo costo se realicen cambios de propietario, cambios de domicilio,
correcciones de datos y la renovación de la tarjeta de circulación, por única ocasión.
OCTAVO.- La tarjeta de circulación será requisito indispensable para la obtención de la constancia de inscripción al
Registro Público Vehicular (Calcomanía con chip REPUVE).
Aquellas personas físicas o morales que hayan realizado cualquier trámite por el cual ya registraron su vehículo y
obtuvieron su tarjeta inteligente con chip, no serán sujetos a este Programa de Renovación de las Tarjetas de Circulación de
los vehículos automotores de uso particular, hasta en tanto no se realice cualquier modificación en el estatus de su vehículo,
domicilio y/o propietario.
Las personas podrán realizar directamente el trámite en los Módulos de Control Vehicular sin inscribirse en el
programa, cubriendo el costo que por éstos se establece en el Código Fiscal vigente, así como la presentación de los
documentos del trámite a realizar.
Por lo que respecta a las motocicletas, bicimotos, triciclos automotores, tetramotor, motonetas, autos antiguos y
discapacitados se les indicara por los medios de difusión correspondientes y a través de la página Web de la Secretaría
cuando se procederá a la renovación de la Tarjeta de Circulación para este tipo de vehículos.
TRANSITORIOS
PRIMERO. Publíquese en la Gaceta Oficial del Distrito Federal para su debida observancia y aplicación.
SEGUNDO. El presente Acuerdo entrará en vigor a los diez días hábiles siguientes al de su publicación en la Gaceta Oficial
del Distrito Federal.
TERCERO. La presentación de la tarjeta de circulación con chip será obligatoria en el segundo semestre del año 2011, para
realizar el trámite de verificación.
Dado en la Ciudad de México, Distrito Federal, el día 06 de mayo de 2010.
EL SECRETARIO DE TRANSPORTES Y VIALIDAD
(Firma)
C. RAÚL ARMANDO QUINTERO MARTÍNEZ

Crónica de una liquidación anunciada.

Y mientras la mayoría festejaba los sueños mundialistas, se gestaba la liquidación de Luz y Fuerza del Centro, cientos de Policías Federales tomaron las instalaciones de la compañía. Es el comienzo de una larga batalla legal para miles de trabajadores.

A  continuación el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el cual por cierto adolece de fundamento constitucional para tal acción:

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la República.

FELIPE DE JESÚS CALDERÓN HINOJOSA, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 89, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en los artículos 27, 31, 32, 32-bis, 33, 34, 35, 36, 37 y 40 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 15 y 16 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; 1o., 2o., 4o., 6o., 7o., 8o. y 9o. de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica; 1o., 76 y 78 de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, y 4, fracción II, del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009, y
CONSIDERANDO
Que el inicio de la industria eléctrica en nuestro país se remonta a finales del siglo XIX; sin embargo, fue hasta inicios del siglo XX cuando su explotación cobró auge y la inversión privada, mayoritariamente extranjera, predominó para el año de 1930, controlando el 70 por ciento de la capacidad de generación eléctrica instalada;
Que bajo el régimen constitucional de 1917 operó la libre competencia entre empresas, las cuales privilegiaban los nichos de mercado más rentables, dejando fuera de sus objetivos de negocio el servicio para pequeñas ciudades y zonas rurales;
Que hacia 1940 la cobertura del servicio sólo alcanzaba a la mitad de la población, misma que se consideraba de mala calidad por virtud de las continuas y prolongadas interrupciones, por las variaciones que se presentaban en voltaje y frecuencia, así como por el alto precio de las tarifas;
Que como consecuencia de la inconformidad hacia las empresas eléctricas, por parte de los usuarios domésticos, industriales y agrícolas, así como de la demanda creciente a favor de la nacionalización de la industria eléctrica, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de agosto de 1937, se expidió la Ley que crea la Comisión Federal de Electricidad, encargada de la organización y dirección de un sistema nacional de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, basado en principios técnicos y económicos y sin propósitos de lucro y el 11 de febrero de 1939 se expidió la Ley de la Industria Eléctrica, tendiente a regular a las empresas dedicadas a esta actividad;
Que ante la necesidad de incrementar la oferta de energía eléctrica para atender la creciente demanda que el progreso del país requería, en 1960 el Gobierno Federal ordenó la nacionalización de la industria eléctrica, mediante la adquisición de las acciones de las empresas concesionarias, y decretó la exclusividad de la nación para generación, conducción, transformación, distribución y abastecimiento de energía eléctrica que tenga por objeto la prestación del servicio público, mediante la adición de un párrafo sexto al artículo 27 constitucional, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 29 de diciembre de 1960, señalando que en esta materia no se otorgarán concesiones a los particulares y la Nación aprovechará los bienes naturales que se requieran para dichos fines;
Que uno de los objetivos de la nacionalización de la industria eléctrica fue consolidar, en una sola empresa, la prestación del servicio público de energía eléctrica, a efecto de satisfacer la demanda en todo el país bajo los mismos estándares de calidad y eficiencia, por lo que en diciembre de 1974, se publicó el acuerdo presidencial que autorizó la disolución y liquidación de Compañía de Luz y Fuerza del Centro S. A., Compañía de Luz y Fuerza Eléctrica de Toluca S.A., Compañía de Luz y Fuerza de Pachuca S. A., y Compañía Mexicana Meridional de Fuerza, S. A., y a la Comisión Federal de Electricidad, a adquirir de aquéllas la titularidad de sus bienes y derechos;
Que, por su parte, la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, reglamentaria de la adición constitucional señalada, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 22 de diciembre de 1975, reiteró la fórmula constitucional y estableció expresamente que la prestación del servicio público de energía eléctrica que corresponde a la Nación, estaría a cargo de la Comisión Federal de Electricidad;
Que el mismo ordenamiento, mediante su régimen transitorio, dejó sin efectos las concesiones y también ordenó la disolución y liquidación de las concesionarias existentes, bajo la lógica de que la Comisión Federal de Electricidad asumiera los servicios prestados por tales concesionarias y estuviera en posibilidad de cumplir con su objeto legal de consolidar la prestación del servicio a nivel nacional;
Que a pesar de lo anterior, en detrimento de lo dispuesto por la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, la prestación de los servicios por parte de la Comisión Federal de Electricidad a nivel nacional no pudo ser consumada en virtud de diversas causas extrajurídicas y de las dificultades que implicaba terminar la liquidación de las empresas concesionarias, lo que motivó que en 1989 se reformara el artículo cuarto transitorio de la citada ley para establecer que el Ejecutivo Federal dispondría la constitución de un organismo descentralizado encargado de prestar el servicio público que venían prestando las concesionarias en disolución y liquidación, por lo que mediante decreto presidencial del 9 de febrero de 1994, se creó el organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro;
Que desde su creación, el organismo descentralizado no ha cesado de recibir transferencias presupuestarias cuantiosas, las cuales lejos de disminuir se han visto incrementadas en los últimos años; basta señalar que del 2001 al 2008, tales transferencias se incrementaron en más de doscientos por ciento y que para el presente ejercicio dichas transferencias serán del orden de 41,945 millones de pesos; de continuar el mismo comportamiento, se estima que podrían alcanzar un total de 300 mil millones de pesos durante la presente administración;
Que los costos de Luz y Fuerza del Centro casi duplican a sus ingresos por ventas; de 2003 a 2008 registró ingresos por ventas de 235,738 millones de pesos, mientras que sus costos fueron de $433,290 millones de pesos (incluyendo energía comprada a la Comisión Federal de Electricidad);
Que el organismo registra un pasivo laboral de 240 mil millones de pesos, de los cuales solamente 80 mil millones corresponden a trabajadores en activo y 160 mil millones al personal jubilado;
Que los resultados que ha reportado Luz y Fuerza del Centro son notablemente inferiores respecto de empresas u organismos que prestan el mismo servicio a nivel internacional, inclusive respecto de los que ha reportado la Comisión Federal de Electricidad, ya que, entre otras razones:
a) El porcentaje de pérdidas totales de energía de Luz y Fuerza del Centro es excesivo y superior en casi tres veces al que presenta la Comisión Federal de Electricidad. A junio de 2009 Luz y Fuerza del Centro perdió el 30.6% de energía, en tanto que dicha Comisión perdió el 10.9%; casi ninguna empresa eléctrica en el mundo registra el porcentaje de pérdidas que presenta Luz y Fuerza del Centro,
b) En 2008 Luz y Fuerza del Centro perdió 32.5% de la energía que compra y genera para vender. El valor estimado de estas pérdidas totales ascendió a casi 25 mil millones de pesos, lo que representa el 52% de los ingresos totales por ventas del organismo, y
c) En el mejor de los casos, los costos unitarios de las obras que ejecuta Luz y Fuerza del Centro son 176% superiores respecto de los costos de la Comisión Federal de Electricidad;
Que a diciembre de 2008, Luz y Fuerza del Centro no atendió diversas solicitudes de prestación de servicio que, en su conjunto, representan el doble de la demanda en Acapulco. La falta o insuficiencia de suministro de energía eléctrica es un factor importante que puede inhibir la decisión para realizar inversiones por lo que esta situación no es sostenible;
Que la problemática expuesta ha sido conocida por la Auditoría Superior de la Federación, la que con motivo de la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública 2006, recomendó "… que la Secretaría de Energía se coordine con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que evalúen la conveniencia de elaborar estudios que sustenten la posibilidad de proceder en términos de lo que dispone el artículo 16 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, en el que se señala que Cuando algún organismo descentralizado creado por el Ejecutivo deje de cumplir con sus fines u objeto o su funcionamiento no resulte ya conveniente desde el punto de vista de la economía nacional o del interés público, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, atendiendo la opinión de la Dependencia Coordinadora del Sector que corresponda, propondrá al Ejecutivo Federal la disolución, liquidación, o extinción de aquél‘";
Que por todo lo expuesto se puede concluir que no sólo no se ha logrado alcanzar la autosuficiencia financiera de Luz y Fuerza del Centro, sino que el organismo descentralizado subsiste por las transferencias que hace el Gobierno Federal para mantenerlo y que lejos de alcanzar los índices equivalentes respecto del sector nacional, el funcionamiento de Luz y Fuerza del Centro hoy en día representa un costo tan elevado que no resulta conveniente para la economía nacional ni para el interés público;
 
Que lo anterior, aunado a las circunstancias económicas derivadas del entorno de crisis mundial, han hecho imperativa la adopción de medidas que permitan apuntalar la viabilidad económica del país mediante el uso más productivo de recursos públicos, eliminando ineficiencias que dilapidan el erario público;
Que la comprobada ineficiencia operativa y financiera del organismo descentralizado en cuestión, permite llegar a la conclusión de que, siguiendo el principio de ejercicio eficiente del gasto público, Luz y Fuerza del Centro debe extinguirse; ello fundado en que su funcionamiento ya no resulta conveniente desde el punto de vista de la economía nacional y del interés público por las razones que ya se han manifestado;
Que, en ese sentido, la Ley Federal de las Entidades Paraestatales establece como causas de extinción de un organismo descentralizado creado por el Ejecutivo Federal, que deje de cumplir sus fines u objeto o su funcionamiento no resulte ya conveniente desde el punto de vista de la economía nacional o del interés público; lo anterior, en aras de preservar que sean éstas precisamente las razones que justifiquen la existencia del organismo descentralizado;
Que atento a lo anterior, la Secretaría de Energía, en su carácter de coordinadora de sector, al considerar que se actualizan las causas de extinción previstas en la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, con fecha 28 de septiembre de 2009 propuso la desincorporación por extinción de Luz y Fuerza del Centro;
Que la Comisión Intersecretarial de Gasto Público, Financiamiento y Desincorporación, en su sesión de fecha 5 de octubre de 2009, emitió el dictamen favorable respecto a la propuesta de desincorporación por extinción y la consecuente liquidación, del organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro;
Que en atención a lo anterior, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sometió a la consideración del Ejecutivo Federal a mi cargo la propuesta de desincorporación referida, en razón de que el funcionamiento de Luz y Fuerza del Centro no resulta conveniente desde el punto de vista de la economía nacional ni del interés público;
Que la Ley Federal de las Entidades Paraestatales establece que en la extinción de los organismos descentralizados deberán observarse las mismas formalidades establecidas para su creación, por lo que, toda vez que Luz y Fuerza del Centro fue creada por decreto del Ejecutivo Federal, su extinción debe hacerse a través de un instrumento de la misma naturaleza;
Que con base en todos los elementos expuestos, el presente Decreto tiene por objeto extinguir al organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro, el cual conservará su personalidad jurídica exclusivamente para el proceso de liquidación, a efecto de que se cumplan las obligaciones a cargo del organismo frente a terceros;
Que con motivo de la extinción de Luz y Fuerza del Centro que se decreta en este instrumento y la consecuente desaparición de sus órganos de dirección, unidades administrativas y demás instancias de funcionamiento, resulta indispensable la intervención de un liquidador. A este respecto, la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público confiere al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes la atribución de liquidar a los organismos descentralizados de la Administración Pública Federal;
Que la ley referida faculta al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes para nombrar depositarios, liquidadores, interventores o administradores para el cumplimiento de su objeto, señalando que dichas designaciones recaerán preferentemente en las dependencias o entidades de la Administración Pública Federal;
Que el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes cuenta con facultades para tomar las medidas necesarias para que los bienes del organismo que se extingue que estén afectos a la prestación del servicio público de energía eléctrica, así como los demás que sean necesarios para ello, sean utilizados para tal fin conforme a lo dispuesto por la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica;
Que es deber del Ejecutivo Federal a mi cargo respetar los derechos de los trabajadores al extinguirse Luz y Fuerza del Centro, por lo que se dispone expresamente que las indemnizaciones correspondientes se cubrirán tomando en consideración lo dispuesto en la Ley Federal del Trabajo y en el Contrato Colectivo de Trabajo; de igual forma, se respetarán los derechos adquiridos de los trabajadores;
Que en ese sentido y tomando en cuenta que Luz y Fuerza del Centro es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, todos los derechos y obligaciones que resulten por su extinción recaerán en el Gobierno Federal, y
Que a fin de hacer un mejor uso de los recursos de los ciudadanos y para garantizar a todo el país los mismos estándares de calidad en la prestación del servicio público de energía eléctrica, cumpliendo lo ordenado en la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, he tenido a bien expedir el siguiente
DECRETO
Artículo 1.- Se extingue el organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro, el cual conservará su personalidad jurídica exclusivamente para efectos del proceso de liquidación.
Artículo 2.- La liquidación de Luz y Fuerza del Centro estará a cargo del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, para lo cual tendrá las más amplias facultades para actos de administración, dominio y pleitos y cobranzas, y para suscribir u otorgar títulos de crédito, incluyendo aquéllas que, en cualquier materia, requieran poder o cláusula especial en términos de las disposiciones aplicables, así como para realizar cualquier acción que coadyuve a un expedito y eficiente proceso de liquidación.
El Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, por sí o por conducto de terceros en términos de las disposiciones aplicables, intervendrá de inmediato para tomar el control y disponer de todo tipo de bienes, derechos, activos, juicios, obligaciones, pasivos, contratos, convenios y recursos, así como para acreditar la extinción de los órganos de dirección, unidades administrativas y demás instancias de funcionamiento de Luz y Fuerza del Centro.
El Servicio de Administración y Enajenación de Bienes tomará de inmediato las medidas necesarias para que los bienes del organismo que se extingue que estén afectos a la prestación del servicio público de energía eléctrica en el área geográfica en la que hasta antes de la expedición del presente decreto venía prestándolo Luz y Fuerza del Centro, así como los demás que sean necesarios para dicho servicio, sean utilizados para tal fin conforme a lo dispuesto en la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica.
Artículo 3.- La Secretaría de Energía, en su carácter de coordinadora de sector, señalará las bases para llevar a cabo la liquidación derivada de la extinción de Luz y Fuerza del Centro, las cuales deberán considerar la eficiencia, eficacia y transparencia en todo momento del proceso de liquidación, así como la adecuada protección del interés público.
La unidad administrativa de la Secretaría de Energía que ejerza las funciones de coordinadora de sector, será la responsable del proceso de desincorporación por extinción de Luz y Fuerza del Centro, de acuerdo con lo previsto en el presente Decreto y demás disposiciones aplicables; asimismo, resolverá cualquier situación inherente a dicho proceso, sin perjuicio de las atribuciones de la Comisión Intersecretarial de Gasto Público, Financiamiento y Desincorporación.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Energía, en el ámbito de sus respectivas competencias, realizarán las acciones conducentes para que el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, en su carácter de liquidador, reciba los recursos que se requieran, según las necesidades previsibles, para hacer frente a la liquidación de Luz y Fuerza del Centro.
Artículo 4.- Se respetarán los derechos laborales de los trabajadores de Luz y Fuerza del Centro y las indemnizaciones correspondientes se harán conforme a lo dispuesto por el Contrato Colectivo de Trabajo, la Ley Federal del Trabajo y demás ordenamientos aplicables.
Las secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Energía y del Trabajo y Previsión Social se coordinarán en el ámbito de sus respectivas competencias con el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, a efecto de que las indemnizaciones señaladas en el párrafo anterior sean pagadas en el menor tiempo posible, conforme a las disposiciones aplicables.
Artículo 5.- El Gobierno Federal garantizará el pago de las jubilaciones otorgadas a los trabajadores de Luz y Fuerza del Centro. Para tal efecto, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Energía, en el ámbito de sus respectivas competencias, realizarán las acciones conducentes para que el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes reciba los recursos que se requieran, según las necesidades previsibles, para el cumplimiento de las obligaciones con los trabajadores jubilados de Luz y Fuerza del Centro, con cargo a los recursos que se establezcan para tal fin en el Presupuesto de Egresos de la Federación.
Artículo 6.- Los remanentes que resulten a la conclusión del proceso de desincorporación tendrán el tratamiento que corresponda en términos de las disposiciones aplicables.
Artículo 7.- La Secretaría de Gobernación, en ejercicio de las atribuciones que le confiere la ley, velará en
todo momento por el respeto al orden constitucional y a las instituciones de gobierno.
TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
SEGUNDO.- Se abroga el Decreto por el cual se crea el organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de febrero de 1994.
TERCERO.- La Secretaría de Energía deberá publicar en el Diario Oficial de la Federación las bases para llevar a cabo la liquidación de Luz y Fuerza del Centro, dentro de los tres días hábiles siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto.
Dado en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a diez de octubre de dos mil nueve.- Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Fernando Francisco Gómez Mont Urueta.- Rúbrica.- El Secretario de Hacienda y Crédito Público, Agustín Guillermo Carstens Carstens.- Rúbrica.- El Secretario de Desarrollo Social, Ernesto Javier Cordero Arroyo.- Rúbrica.- El Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Juan Rafael Elvira Quesada.- Rúbrica.- La Secretaria de Energía, Georgina Yamilet Kessel Martínez.- Rúbrica.- El Secretario de Economía, Gerardo Ruiz Mateos.- Rúbrica.- El Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Francisco Javier Mayorga Castañeda.- Rúbrica.- El Secretario de Comunicaciones y Transportes, Juan Francisco Molinar Horcasitas.- Rúbrica.- El Secretario de la Función Pública, Salvador Vega Casillas.- Rúbrica.- El Secretario del Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano Alarcón.- Rúbrica.

DIVORCIO INCAUSADO O EXPRESS NO ES CONTRARIO A LA CONSTITUCIÓN

La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, avaló el llamado "divorcio express", es decir el divorcio incausado; el cual algunos tradicionalistas habían señalado como atentatorio contra la familia y en consecuencia contra la sociedad.

A continuación el boletín correspondiente:

DIVORCIO SIN CAUSALES NO ATENTA CONTRA LA SOCIEDAD NI LA FAMILIA

México, D. F., 23 de Septiembre de 2009 

       
  • La Primera Sala determinó la constitucionalidad de los artículos 266 y 267 del Código Civil para el Distrito Federal.

 

        El
“divorcio sin causales” no atenta contra la sociedad ni la familia; por
el contrario, la protege y fortalece al tratar de evitar conflictos en
la disolución del vínculo matrimonial, así como enfrentamientos entre
personas y familias que alienten entre ellos la posibilidad de odio,
violencia, egoísmo y acciones maliciosas.

 

        Así,
la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)
determinó la constitucionalidad de los artículos 266 y 267 del Código
Civil para el Distrito Federal.

        El
primero de ellos señala que el divorcio podrá solicitarse por uno o
ambos cónyuges cuando cualquiera de ellos lo reclame ante la autoridad
judicial, manifestando su voluntad de no querer continuar con el
matrimonio, sin que se requiera señalar la causa por la cual se
solicita, siempre que haya transcurrido cuando menos un año desde la
celebración del mismo.

 

        En
tanto, el artículo 267 establece que el cónyuge que unilateralmente
desee promover el juicio de divorcio deberá acompañar a su solicitud la
propuesta de convenio para regular las consecuencias inherentes a la
disolución del vínculo matrimonial. 

 

        Los
ministros expusieron que a través del “divorcio sin causales”, el
legislador local buscó evitar la parte contenciosa del antiguo proceso
de divorcio y, de esta manera, posibles afectaciones en el desarrollo
psicosocial de los integrantes de la familia, al mismo tiempo que
contribuir al bienestar de las personas y a su convivencia
constructiva.

 

        Por
tal motivo, la Sala declaró correcta la decisión de un tribunal
colegiado de declarar disuelto el vínculo matrimonial solicitado por un
esposo y, con ello, negó el amparo a una quejosa, quien consideró que
dichos preceptos violan el artículo 4 constitucional que protege la
organización y desarrollo de la familia.

 

        La
quejosa también expuso que no se le dieron las garantías de audiencia y
debido proceso, al permitir el divorcio unilateralmente sin considerar
la voluntad del otro cónyuge que está en desacuerdo, con lo que a éste
se le priva del derecho de ofrecer pruebas, de alegar lo que a su
interés convenga, y de ser oído y vencido en juicio.

 

        Los
ministros señalaron que mediante el “divorcio sin causales” se respeta
el libre desarrollo de la personalidad del individuo, pues cuando éste
ya no desea seguir vinculado con su cónyuge no puede hacerse depender
de la demostración de causa alguna.

 

        Y
es que si bien la causal, aunque determinante, no es más que el fin de
esa voluntad expresada en la demanda, resultando inadmisible que el
Estado se empeñe en mantener vigente el matrimonio de quienes solicitan
el divorcio al considerar que su situación particular se torna
irreconciliable, subrayaron.

PRECIO MÁXIMO AUTORIZADO PARA LA VENTA DE GAS LICUADO DE PETRÓLEO (LP)

Estimados lectores, el día de hoy publicaron en el Diario Oficial de la Federación, los precios máximos para la venta del GAS LP, que regirán  en el mes de septiembre de 2009.

Les dejo el siguiente enlace para consultarla, ya que por razones de espacio me es imposible copiarla aquí.

CONSULTA PRECIOS AUTORIZADOS DEL GAS LP

Para que no se dejen sorprender.

La mejor arma del consumidor, es la información.

Espero les sea de utilidad.

DAR PARA RECIBIR, CONCIERTO POR LA VIDA ¿QUIÉN DICE QUE TODO ESTÁ PERDIDO?

Divorcio Express ¿Que Es? (UNAMos ideas CANAL JUDICIAL) 1/5

 Un buen programa sobre el divorcio express.

Cita

YouTube – Divorcio Express ¿Que Es? (UNAMos ideas CANAL JUDICIAL) 1/5